Después de cumplirse los 12 meses del llamado periodo transitorio, los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea iniciaran los controles más severos para evitar la inmigración irregular.
Dentro de las nuevas legislaciones aparece el “Reglamento de Retorno”, que permitirá a los países europeos la creación de centros de retorno para expulsar migrantes y ubicarlos en terceros países.
El Pacto sobre Migración y Asilo es una de las modificaciones en materia de política migratoria más grandes de Europa y consiste en un conjunto de nuevas normas, o modificaciones a legislaciones vigentes, para gestionar la migración y establecer un sistema común de asilo a escala de la Unión Europea.
A partir de este viernes 12 de junio expira la moratoria y el Pacto entra oficialmente en aplicación jurídica total y obligatoria, por lo que los nuevos reglamentos se convierten en ley.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (foto), y el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, indicaron que “los expedientes registrados antes de esa fecha se resolverán con la normativa anterior, mientras que cualquier persona interceptada a partir del 12 de junio entrará automáticamente en el nuevo circuito exprés de control biométrico y evaluación en frontera”.
El Pacto dispondrá de la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación, en un máximo de siete días, de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria.
Adicionalmente, se reforma el “sistema Eurodac”, la base de datos de huellas dactilares europea, que se convertirá en una plataforma integral de gestión migratoria donde también se registrarán imágenes faciales, con una controvertida reducción de la edad mínima para registros biométricos, que pasará de los 14 a los 6 años.
El Pacto se consolidara para apoyar países que presentan más presión migratoria, actualmente España, Italia, Grecia y Chipre, y que obliga a todos los Estados miembros a colaborar con estos a través de reubicaciones de migrantes, apoyo operativo o una contribución financiera fijada en 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger.
También incluye el Pacto, el Reglamento de Crisis, una cláusula de emergencia ante oleadas masivas que amenacen con colapsar a un país. En estos casos, avalados por Bruselas, el Estado afectado podrá retrasar los registros de asilo y prolongar la retención fronteriza más allá de las 12 semanas, activándose una solidaridad reforzada que obligará al resto de socios a priorizar la reubicación urgente de los migrantes.
Foto: Unión Europea
