La acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia), que denunció el incumplimiento del deber estatal de garantizar estos subsidios del 2024 y 2025, contemplado en la ley 143 de 1994 y el decreto 1073 de 2015, dio como respuesta este requerimiento.
Para la Contraloría, este incumplimiento podría derivar en aumentos tarifarios de hasta el 150 % para los hogares beneficiarios.
Durante el proceso, se encontró una deuda acumulada cercana a los 1,5 billones de pesos por concepto de subsidios ya causados y reconocidos en actos administrativos, pero no pagados por falta de disponibilidad en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
Para la Contraloría General de la República, este incumplimiento podría derivar en aumentos tarifarios, o incluso, en la suspensión del servicio.
