Ibáñez, declaró que “La política de Paz Total” ha contribuido de manera directa y verificable al deterioro progresivo del orden público, tanto en la región del Catatumbo como en otras zonas del país.
“Lejos de representar un avance hacia la superación del conflicto armado, su implementación ha generado el efecto contrario: debilitó la presencia institucional, facilitó el reposicionamiento estratégico de los grupos armados ilegales y agravó la situación de inseguridad”, dejo consignado el salvamento de voto.
“El amarre de la Fuerza Pública -ordenado por la política de la Paz Total y su posterior repliegue territorial facilitaron que los grupos armados ilegales consolidaran su dominio, expandieran su presencia geográfica, fortalecieran sus economías ilícitas y reorganizaran su estructura criminal. Todo ello ocurrió bajo el discurso de la paz”, dijo el magistrado Ibáñez.
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