La decisión de 8 de los 14 senadores de la Comisión VII de apoyar la ponencia negativa de la reforma laboral del Gobierno, lo que implicaba su virtual hundimiento, fue respondida ayer por el presidente Gustavo Petro con el anuncio de que convocará a los colombianos a una consulta popular.
Como se ha vuelto costumbre el mandatario cuando no le aprueban algún proyecto en sus condiciones, irrespeta y amenaza a los miembros de Senado y Cámara elegido popular y democráticamente.
Petro, ahora, considera que es un “bloqueo institucional que su administración viene sufriendo por parte del Legislativo y de las cortes”.
“El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud (…). Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado (…). No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, aseguró el mandatario de Colombia.
La consulta es uno de los mecanismos de participación popular contemplados en la Constitución del 91. El último antecedente fue el de la consulta anticorrupción convocada en el 2018 por Claudia López, que fue aprobada por la inmensa mayoría de los votantes, pero que no pasó el umbral mínimo de participación: la tercera parte del censo electoral, que en ese momento era de 36,4 millones de ciudadanos habilitados para votar. Finalmente llegaron a las urnas 11’671.420 personas.
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