El CIADI, desestimó los argumentos del país y confirmó que no garantizó un trato justo y equitativo a la empresa de telecomunicaciones.
Colombia deberá pagar cerca de 380 millones de dólares a la multinacional española, de un proceso que duró varios años y que tuvo su origen en la aplicación de una cláusula contractual.
El caso se remonta a la cláusula 33 del contrato de concesión de telecomunicaciones, que establecía que, al finalizar la concesión, los bienes utilizados para la operación debían revertir a la Nación colombiana.
“La reversión de activos”, es una regla del 1994 (cuando los celulares llegaron a Colombia), que obligaba a las operadoras a entregar sus antenas y redes al Estado al finalizar sus contratos.
Varías leyes posteriores eliminaron esta obligación, pero un fallo judicial en 2013 revivió la norma original, forzando a Telefónica a pagar cerca de 380 millones de dólares en 2017 para conservar su infraestructura.
Telecom de España, en 2018 radico una demanda ante tribunales internacionales alegando que “Colombia cambió arbitrariamente las reglas de juego, violando la confianza de los inversionistas extranjeros”.
Foto: Telefónica de España
