La red internacional usaba documentos falsos para trasladar residuos peligrosos. En las organizaciones que operaban en Cataluña y Castilla-La Mancha, participaron al menos 15 personas y siete empresas con sede en España, destacó la Guardia Civil.
Los delincuentes utilizaban documentos falsificados para simular que los desechos eran tratados de acuerdo con las normativas medioambientales, aunque en realidad eran directamente arrojados en vertederos españoles sin ningún tipo de tratamiento previo.
Los residuos eran transportados en camiones hasta instalaciones en Tarragona y Cuenca, donde se esperaba que pasaran por procesos de valorización, contraria a la legislación europea que exige que cada país gestione sus propios residuos.
La autoridades consideran que desde 2021, el esquema generó más de 19 millones de euros (aproximadamente 19,5 millones de dólares).
La contaminación del suelo y el agua, junto con la emisión de gases tóxicos, eran solo algunas de las consecuencias de esta operación ilícita y se revisa comunidades en las proximidades de los vertederos de Tarragona y Cuenca podrían haber sido expuestas.
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