Según el demandante, el despido fue una estrategia de las empresas para evitar el pago de una deuda contractual de entre 45 y 50 millones de dólares. Barrett sostiene que la investigación interna sobre las acusaciones en su contra fue una “farsa” y que su despido se produjo después de que intentara acogerse a la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) por problemas de salud mental. En un comunicado publicado en X (antes Twitter), expresó su intención de “sacar la verdad a la luz” y recuperar su reputación.
El caso tomó notoriedad pública en agosto, cuando un informe de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló las acusaciones de al menos ocho empleadas contra Barrett. Estas lo señalaban por comentarios y avances inapropiados, además de presionar a las víctimas utilizando su posición de poder. La demanda también acusa a Bungie y Sony de ignorar el derecho de Barrett a defenderse, afirmando que las acusaciones se basaron en mensajes de texto inespecíficos.
Barrett asegura que fue usado como “chivo expiatorio” para desviar la atención de los problemas internos de Bungie, agravados tras la adquisición de la empresa por PlayStation. Además, reclama daños por difamación, incumplimiento de contrato y represalias, exigiendo al menos 100 millones de dólares por daños a su reputación y más de 90 millones en deudas contractuales.
Este caso ha generado un intenso debate sobre el manejo de las denuncias por conducta inapropiada y los procesos internos en grandes compañías tecnológicas y de entretenimiento.
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