José Antonio Salazar, quien fue removido como Secretario General de la Cancillería, por lo que consideró el gobierno como actuaciones por fuera de todo marco legal y que adjudicaron el contrato de pasaportes a Thomas Greg.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informaron a través de un comunicado: “Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”.
Adicionalmente manifestaron han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos.
