Para la defensa de ese país, “no se le ha notificado en debida forma la demanda interpuesta por la Procuraduría que alega irregularidades de fondo en el convenio con la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia”.
Dentro de los errores que se han encontrado está el de no tener respaldo para comprometer la vigencias futuras y las actas de aprobación del convenio en la Imprenta de Colombia ni siquiera tenían firmas.
Para la Procuraduría de Colombia “el documento que dio vía libre a la escogencia de Portugal como aliado, carece de firmas, poniendo en duda su validez jurídica”.
También, destacó el ente de control que no contiene los análisis económicos requeridos para estimar el presupuesto oficial del proceso.
“La ausencia de este análisis implica que el valor del convenio (más de 1,3 billones de pesos), fue determinado sin metodología verificable, sin cotizaciones comparativas y sin un modelo financiero que respaldara la razonabilidad del precio pactado”.
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