El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó la emergencia económica por 30 días con el argumento de “buscar recursos urgentes para salud, seguridad, desastres naturales y cubrir millonario déficit fiscal”.
El mandatario firmó junto a todo su gabinete ministerial, el Decreto 1390, con el que declara la emergencia económica, tras el hundimiento de la reciente reforma tributaria.
Esta medida excepcional, está amparada por el artículo 215 de la Constitución y le permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el documento, ya no se puede solucionar.
La declaratoria durará inicialmente 30 días, pero podría extenderse hasta completar 90 en el año y con esta emergencia, el Gobierno buscará crear nuevos tributos o modificar los existentes (de forma transitoria) y realizar operaciones presupuestales para evitar que el país caiga en una parálisis económica y social.
Argumentos del Gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica:
El financiamiento del sistema de salud. La Corte Constitucional ha ordenado igualar la prima que se paga por cada paciente (UPC) del régimen subsidiado con la del contributivo al 95%. En el periodo 2014-2018 hubo una nivelación importante y en 2019 se llegó al 95%, para 2022 la cifra cayó al 88,9%.
Para cumplir con los fallos judiciales y garantizar la atención de los más vulnerables, el Gobierno necesita $3,3 billones adicionales para la vigencia 2026. “Sin este dinero, el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos estaría en serio riesgo”, se indica en el decreto.
La situación de seguridad en el país por parte de los grupos armados ilegales en zonas como Cauca, César y Norte de Santander, han dejado heridos y muertos, perturbando el orden público y la economía regional.
El Ministerio de Defensa estima que se requieren $2,7 billones para dotar de tecnología y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública.
De otro lado la Unidad Nacional de Protección (UNP) necesita urgentemente $1 billón adicional para proteger a líderes sociales y candidatos en los próximos comicios.
En el decreto, el Gobierno explica que el Congreso de la República no aprobó dos proyectos de ley de financiamiento, uno por $12 billones para 2025 y otro por $16,3 billones para 2026.
“Al no contar con esos recursos, hay un desbalance gigante entre lo que se necesita gastar y lo que realmente entra”.
El decreto no incorpora por ahora ningún impuesto concreto ya que primero debe declararse formalmente el estado de emergencia y, solo después, expedirse los decretos que lo desarrollan.
