El Parlamento de Venezuela, controlado por el gobernante chavismo, aprobó este jueves una ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país y establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen.
Uno de los artículos aprobados, expresa: “Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”.
Esta ley se da como respuesta a la oposición venezolana y a los Estados Unidos por las sanciones financieras en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031), sin que se hayan mostrado las actas con los escrutinios.
